El marco constitucional mexicano reconoce un amplio catálogo de derechos a dos grupos étnicos minoritarios: los pueblos y comunidades indígenas y las personas afromexicanas. No obstante, en la actualidad persisten algunos retos para la inclusión real de ambos grupos, tanto en términos materiales, como a propósito de la garantía efectiva de sus derechos.

Uno de esos retos es la inclusión de las personas indígenas y afromexicanas en la toma de decisiones públicas del país. La población indígena, afromexicana y afrodescendiente está claramente subrepresentada en la Administración Pública Federal (APF): en 2020, apenas 2,631 personas servidoras públicas se identificaron como parte de esos grupos minoritarios; es decir, menos del 0.2% del universo total de las personas servidoras públicas de la APF.

El presente Estudio sobre la participación de los pueblos y comunidades indígenas y las personas afrodescendientes y afromexicanas en la Administración Pública Federal (APF) surge como resultado de una colaboración interinstitucional entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México y la Secretaría de la Función Pública (SFP), con el propósito de delinear políticas públicas que generen una mayor inclusión y participación de la población indígena, afromexicana y afrodescendiente en la APF.