• A falta de evaluaciones socioeconómicas, se abre la puerta a la discrecionalidad en la selección de beneficiarios.
  •  Es insuficiente la vigilancia de los recursos destinados al desarrollo social.
  • Aproximadamente la mitad de las acciones y programas sociales registrados no cuentan con mecanismos para la prevención de delitos electorales.

Ciudad de México a 12 de junio de 2018.- El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México y Transparencia Mexicana (TM), desde 2009, llevan a cabo la Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales (IPRO), mediante la cual se construye un sistema de información público, neutral e independiente para identificar la solidez institucional de la política social. Principalmente, IPRO identifica y promueve la adopción de atributos relacionados con lineamientos normativos y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, control y fiscalización y participación ciudadana para mejorar la integridad de las intervenciones para el desarrollo social – es decir, de las acciones y programas orientados a garantizar los derechos sociales de la población – y disminuir el riesgo de que sean utilizados para fines político-electorales.

Los resultados del autodiagnóstico voluntario en IPRO, llevado a cabo por los servidores públicos responsables de la política social de los tres órdenes de gobierno, sobre 42 intervenciones para el desarrollo social implementadas por 13 dependencias federales, 469 intervenciones implementadas por 24 entidades federativas y 12 intervenciones implementadas por tres delegaciones capitalinas y un municipio, que operan durante 2018, dan cuenta de la ausencia de determinados atributos que podrían proteger la integridad de los programas sociales, como la selección socioeconómica de los beneficiarios, la fiscalización de recursos y la prevención de delitos electorales.

Al corte de información, a abril de 2018, se detectó que un elevado porcentaje de programas y de acciones para el desarrollo social no recolecta información socioeconómica para determinar la elegibilidad de los potenciales beneficiarios, a pesar de decir contar con criterios de selección. Lo que significa que 45, 56 y 75 por ciento de las intervenciones federales, estatales y municipales registradas, respectivamente, no eligen a sus beneficiarios con base en criterios socioeconómicos que fomenten la progresividad en la aplicación de los recursos – esto es, que lleguen a quienes más lo necesitan – y que reduzcan la arbitrariedad en la selección de los destinatarios de los apoyos. Asimismo, sólo una de cada cinco intervenciones que reportaron no contar con padrón de beneficiarios dijeron que contar con una convocatoria abierta y calendarizada para convocar e integrar a sus beneficiarios. Esto significa que, en dado caso de que estas acciones y programas sociales sin padrones integren a nuevos beneficiarios durante el periodo electoral sin convocatorias calendarizadas y previamente informadas al Instituto Nacional Electoral (INE), se pudiera considerar que tienen una finalidad electoral.

Por otro lado, se observó que algunos mecanismos para la fiscalización de los recursos destinados al gasto social resultan insuficientes. Ochenta y un por ciento de las intervenciones para el desarrollo social en el ámbito federal reportan haber sido auditadas, pero tres de cada cuatro del orden estatal reportan no haberse auditado; lo que impide la detección de irregularidades en la ejecución presupuestal o de inconsistencias en los padrones de beneficiarios. Asimismo, casi 80 por ciento de las intervenciones federales registradas cuentan con contraloría social, mediante la cual la ciudadanía implementa actividades de monitoreo y auditoría. Sin embargo, más de la mitad de los programas y acciones estatales reportan no contar con ella. La contraloría social funciona como contrapeso al quehacer gubernamental y como mecanismo de control y vigilancia en la aplicación de los recursos públicos.

El análisis de los datos proporcionados directamente por los responsables de la política social revela que 38 por ciento de los programas federales y 50 por ciento de los estatales reportaron no disponer de instrumentos para la prevención de delitos electorales, tales como el condicionamiento de los apoyos y la compra y coacción del voto. Esto a pesar de que 71 por ciento de programas y acciones de desarrollo del ámbito federal y dos de cada tres del estatal reportaron difundir entre su personal y entre la población los medios para presentar quejas o denuncias de tipo electoral. Asimismo, se reportó que 79 y 77 por ciento de las intervenciones federales y estatales, respectivamente, informan a los servidores públicos que operan los programas sociales o acciones para el desarrollo social sobre las faltas administrativas y/o penales en que incurrirán en caso de utilizar recursos públicos y/o acciones de gobierno para la compra, coacción o condicionamiento del voto.

            Se espera que los resultados del informe 2018 contribuyan a identificar y mitigar riesgos en la operación de los programas en el contexto electoral actual y que, en el mediano plazo, sirva a los responsables de la política social para atender las áreas de oportunidad detectadas de cada programa, la política social debe de protegerse en todo momento.

El informe completo se encuentra disponible en www.programassociales.org.mx.

Una iniciativa de: PNUD y Transparencia Mexicana | Con el apoyo de: USAID

Para contacto de medios de comunicación:

Transparencia Mexicana: info@tm.org.mx |Tel. 56594714; 5659 9991

PNUD: Ana Del Toro, ana.deltoro@undp.org | Tel. 40009793

Este estudio/reporte/sitio web/video fue posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido de este estudio/reporte/sitio web/video es responsabilidad de PNUD y TM y no necesariamente refleja el punto de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.

Transparencia Mexicana no recibió financiamiento directo de USAID para su participación en este estudio. La participación de TM fue posible a su Fondo de Investigación Aplicada.

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