Programa de Apoyo a la Reducción de Riesgos de Desastre

Contexto

Los esfuerzos por reducir la pobreza y generar un desarrollo humano sostenible están amenazadas por los desastres, sobre todo climáticos, ligados a la alta vulnerabilidad de algunas zonas urbanas y rurales. El PNUD, a través del Programa de Apoyo a la Reducción de Riesgos de Desastres en México (PMR-PNUD), trabaja en el Sureste de México con 4 gobiernos estatales, 43 municipios y 77 comunidades, de las cuales, el 66% se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. El trabajo se centra en fortalecer capacidades y acompañar procesos de la identicación y reducción de riesgos, así como el desarrollo de modelos locales y municipales y políticas públicas preventivas.

Retomamos la experiencia del Programa de Manejo de Riesgos del PNUD 2003-2013 y otras agencias de la ONU (UNISDR, UNICEF), así como prácticas desarrolladas por la academia y las OSC, así como de instituciones gubernamentales mexicanas con quienes el PNUD ha trabajado en los últimos 13 años a través de proyectos de gestión integral de riesgos de desastres. 

Situación previa al proyecto:

Por su alta exposición a amenazas climáticas y geológicas, así como su intenso ritmo de crecimiento y de inversiones, durante las décadas de los noventa y el dos mil, México estuvo en los primeros lugares de una lista de 40 países, por sus pérdidas económicas asociadas a desastres, de acuerdo con el Global Assessment Report (GAR), de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas (EIRD-ONU). Este mismo informe reporta que México ha alcanzado casi la cifra de 50,000 millones de USD de daños por desastre en los últimos 30 años, con un promedio anual de casi 2,000 millones de USD por año[1].

Los huracanes (Isidoro en 2002, Emily, Wilma y Stan en 2005 y Dean en 2007), así como las tormentas, frentes fríos, incendios y otros fenómenos adversos, combinados con la alta vulnerabilidad del territorio y las poblaciones con bajos índices de Desarrollo Humano en el Sur-Sureste de México, han generado desastres y sufrimiento sin precedentes. Estos impactos se han traducido en interrupciones o retrocesos de los procesos locales de desarrollo, afectando la salud, la seguridad alimentaria, la infraestructura básica, el entorno, el tejido social y cultural de la población, entre muchos otros aspectos de la vida diaria. Las cifras en cuanto al nivel de marginación son inequívocas: El huracán ISIDORE en 2002 causó el retroceso de varios municipios indígenas de marginación media, a marginación alta y muy alta; tan así que Chacsinkín volvió a enfrentar problemas como la desnutrición infantil (SEDESOL 2004), y Tadhziú se convirtió en uno de los 100 municipios más pobres de México (CONAPO, 2006).

lo cual se traduce en:

  • Políticas públicas que no incluyen estándares de baja vulnerabilidad,
  • Falta de inversión para el fortalecimiento de capacidades técnicas y profesionales a nivel comunitario, gubernamental, en el sector privado y la sociedad civil;
  • Ausencia de continuidad institucional y política (dado que la resiliencia se alcanza a través de procesos de mediano plazo), y,
  • El desuso de Atlas y análisis de riesgos que ya existen en la toma de decisiones estratégicas y/ó diarias de la economía y el gobierno.

[1] Global Assessment Report (GAR), 2013, UNISDR

Objetivo del proyecto

El proyecto tiene como objetivo generar acciones para la disminución de las vulnerabilidades locales y el incremento de la resiliencia territorial, comunitaria y sectorial, institucionalizando la RRD en los temas prioritarios identificados.

Busca contribuir al fortalecimiento de las capacidades y a la mejora de políticas públicas, para construir un desarrollo seguro, resiliente, con inversiones de baja vulnerabilidad ante desastres.

Resultados esperados



1: Municipios y comunidades resilientes a partir de la articulación de RDD en los procesos de desarrollo territorial y sus instrumentos operativos.

2: Instrumentos de políticas públicas estatales de Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo; e incluso federales, incorporan criterios de RRD/ACC surgidos de las buenas prácticas sistematizadas y los análisis de riesgos elaborados por el proyecto.

3: Capacidades de funcionarios y líderes sociales fortalecidas para apoyar la institucionalización de prácticas preventivas/adaptativas en políticas públicas estatales.

Estrategia de intervención

  1. Análisis de riesgos, análisis de marco de política pública y de prácticas preventivas.
  2. Diagnóstico de capacidades, diseño de programas de fortalecimiento de capacidades (PFC) (nivel comunitario, municipal y estatal), y diseño del método de incidencia en políticas públicas.
  3. Aplicación del PFC, aplicación piloto de mejoras preventivas a políticas públicas, sistematización de modelos.
  4. Adecuación de las mejoras preventivas y modificación de políticas públicas.
  5. Institucionalización y modelo para la incidencia en políticas públicas relacionadas.
 

Resultados alcanzados

  • 2 Secretarías federales y 3 gobiernos estatales implementaron 12 propuestas de política pública en reducción de riesgos de desastres implementándose, y han capacitado a sus funcionarios capacitados.
  • 196 municipios rurales y urbanos con funcionarios capacitados y planes de protección civil. De éstos, 43 municipios ponen en práctica el “modelo de municipio resiliente”, generando estrategias preventivas y transversalizando la RRD en sus reglamentos.
  • 375 comunidades aplicando las metodologías de RRD; 300 en la modalidad extensiva y 75 en la modalidad intensiva en las que se implementa el modelo “comunidad resiliente”, con análisis de riesgos  y estrategias preventivas implementadas.
  • 1,034 localidades rurales capacitadas y 534 planes de contingencia locales
  • 2,081 hombres y mujeres, líderes sociales, sociedad civil, funcionarios estatales, municipales y federales. 

Presupuesto y ejecución

Presupuesto USD$ 1,780,173.90 
Año Ejecución 
2014

$ 326,867.07 

2015

$ 542,436.61 

2016 $ 421,329.14 
2017 $ 428,349.50 
2018 $ 61,191.58 

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